Obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable no significa que el riesgo ambiental de un proyecto haya terminado. En muchos sentidos, es precisamente a partir de ese momento cuando comienza una nueva etapa: la gestión permanente de los compromisos y obligaciones ambientales adquiridos durante la evaluación.
Durante la evaluación ambiental de un proyecto, suelen establecerse deberes consistentes en inspecciones, controles, mediciones, monitoreos y análisis de variables ambientales, con el objeto de determinar su evolución en el tiempo, así como diversas actividades que requieren el establecimiento de obligaciones de seguimiento ambiental para su desarrollo.
Una vez finalizada la evaluación de un proyecto, la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), según corresponda, dictará una Resolución de Calificación Ambiental, la que contendrá, entre otras disposiciones, los compromisos e instrumentos de seguimiento ambiental aplicables.
Frente a lo anterior, el escenario operacional para los titulares y ejecutores de proyectos en Chile se encuentra fuertemente condicionado por un modelo de fiscalización ambiental estratégica e incremental por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en el cual coexisten una alta presión por denuncias ciudadanas y un despliegue optimizado de herramientas de fiscalización de gabinete y terreno.
Un escenario de fiscalización incremental
La Cuenta Pública de la SMA ha evidenciado hechos clave sobre la fiscalización que construyen dicho escenario. El año 2025 marcó un récord histórico de 5.340 fiscalizaciones concluidas mediante una gestión combinada de tecnología, auditoría documental e inspección remota, enfocada prioritariamente en la verificación del cumplimiento intrínseco de las RCA.
En consecuencia, la gestión del riesgo regulatorio exige a los regulados el fortalecimiento riguroso del seguimiento y control ambiental, a fin de prevenir la activación de la potestad sancionatoria. En este contexto, es relevante señalar que el énfasis institucional de la fiscalización es fortalecer el cumplimiento, de manera que existe una respuesta incremental desde el seguimiento ambiental preventivo hacia el análisis sancionatorio.
En el marco de la potestad sancionatoria de la SMA, en 2025 se alcanzaron 694 casos trabajados, de los cuales se finalizaron 281, concluyendo un 68 % de los casos finalizados en resoluciones sancionatorias. Desde 2013 a la fecha, la distribución de procesos sancionatorios se relaciona principalmente con ruido (50 %) y, en segundo lugar, con el cumplimiento de las RCA (22 %).
Adicionalmente, en 2025 se ingresaron 8.222 denuncias, un récord histórico, alcanzándose un nivel de gestión de 5.446 denuncias terminadas, lo que elevó la cobertura histórica de respuesta institucional a un 55 %.
Las cifras de la institución demuestran además la activación de la potestad sancionatoria con altas tasas de efectividad en la dictación de resoluciones punitivas cuando se constatan infracciones.
Frente a esta realidad, resulta fundamental para los titulares y ejecutores de proyectos prevenir la ocurrencia de incumplimiento antes de que originen procedimientos sancionatorios, denuncias o medidas punitivas, como multas y paralizaciones. En este esquema, el Plan de Seguimiento Ambiental se posiciona como el instrumento preventivo clave.
El Plan de Seguimiento Ambiental como herramienta de prevención y cumplimiento
Un Plan de Seguimiento Ambiental debidamente estructurado e implementado permite ejecutar, organizar y coordinar de forma sistemática las obligaciones asociadas a la RCA. Su integración con auditorías periódicas otorga trazabilidad y evidencia técnica ante la autoridad, lo que permite detectar y corregir desviaciones operativas a tiempo, evitando que las variables fiscalizables escalen hacia la esfera sancionatoria de la SMA.
De este modo, el seguimiento ambiental deja de ser una mera obligación documental derivada de la evaluación para convertirse en un activo estratégico, una herramienta de control permanente que fortalece la gestión de cumplimiento y mitiga los riesgos regulatorios durante todo el ciclo de vida del proyecto.
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