Como se ha vislumbrado a lo largo de este ciclo de publicaciones, la incorporación al Código Penal del título “Atentados contra el medio ambiente”, en el marco de la Ley Nº 21.595, ha consolidado el vínculo entre la gestión ambiental y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y naturales.
Este nuevo marco normativo obliga a las organizaciones a contar con sistemas de gestión y control preventivo capaces de:
- Identificar riesgos ambientales con posibles implicancias penales.
- Elaborar y respaldar adecuadamente los antecedentes exigidos por la normativa.
- Diseñar protocolos y controles que prevengan infracciones y aseguren trazabilidad.
- Alinear la gestión ambiental con los requisitos legales, permitiendo una aplicación efectiva de los eximentes de responsabilidad.
La asesoría ambiental como respaldo esencial
La asesoría ambiental cobra especial relevancia en este contexto. No se trata únicamente de cumplir con requisitos regulatorios, sino de integrar la gestión ambiental con los mecanismos legales que permiten prevenir e identificar riesgos y, si fuera necesario, eximir o atenuar la responsabilidad penal.
Así, los Modelos de Prevención de Delitos y las Consultas de Pertinencia deben ser diseñados e implementados con rigurosidad técnica y jurídica, ya que solo serán eficaces si cumplen con los requisitos exigidos tanto en su contenido como en la ejecución práctica de las actividades que regulan.
En este escenario, la asesoría ambiental especializada se posiciona como una herramienta clave para garantizar esa eficacia, integrando una visión preventiva, responsable y coherente con las nuevas exigencias legales.
Una estrategia de sostenibilidad y prevención penal
La evaluación y el seguimiento ambiental ya no deben concebirse únicamente como trámites administrativos. Bajo la Ley Nº 21.595, se transforman en herramientas estratégicas que permiten anticipar riesgos, acreditar la debida diligencia y prevenir sanciones que pueden abarcar desde multas significativas hasta penas privativas de libertad para los responsables y responsabilidad penal para la persona jurídica.
La asesoría ambiental, en este sentido, se consolida como un pilar que fortalece la gestión corporativa, reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales, y convierte el cumplimiento normativo en una ventaja estratégica para la sostenibilidad.
