Bajo la Ley Nº 21.595, la asesoría ambiental se transforma en una herramienta estratégica que permite anticipar riesgos, acreditar la debida diligencia y prevenir sanciones. En este sentido, se consolida como un pilar que fortalece la gestión corporativa, reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales, y convierte el cumplimiento normativo en una ventaja estratégica para la sostenibilidad.

Conforme a las nuevas disposiciones del Código Penal, las consultas de pertinencia pueden actuar como eximentes de responsabilidad penal, siempre que se cumplan de forma estricta los requisitos legales y administrativos. Descubre más en este artículo.

La Ley Nº 21.595 insta a que las empresas integren el riesgo ambiental en sus Modelos de Prevención de Delitos. Esto refuerza la responsabilidad penal corporativa y exige sistemas de cumplimiento que gestionen riesgos legales, reputacionales y ambientales de manera estratégica.

La Ley Nº 21.595 refuerza la responsabilidad penal ambiental al incluir los delitos ambientales en los delitos económicos, estableciendo sanciones para personas naturales y jurídicas. La incorporación del título “Atentados contra el medio ambiente” al Código Penal, plantea nuevas exigencias para las empresas.