Bajo la Ley Nº 21.595, la asesoría ambiental se transforma en una herramienta estratégica que permite anticipar riesgos, acreditar la debida diligencia y prevenir sanciones. En este sentido, se consolida como un pilar que fortalece la gestión corporativa, reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales, y convierte el cumplimiento normativo en una ventaja estratégica para la sostenibilidad.

Conforme a las nuevas disposiciones del Código Penal, las consultas de pertinencia pueden actuar como eximentes de responsabilidad penal, siempre que se cumplan de forma estricta los requisitos legales y administrativos. Descubre más en este artículo.

La Ley Nº 21.595 insta a que las empresas integren el riesgo ambiental en sus Modelos de Prevención de Delitos. Esto refuerza la responsabilidad penal corporativa y exige sistemas de cumplimiento que gestionen riesgos legales, reputacionales y ambientales de manera estratégica.

La Ley Nº 21.595 refuerza la responsabilidad penal ambiental al incluir los delitos ambientales en los delitos económicos, estableciendo sanciones para personas naturales y jurídicas. La incorporación del título “Atentados contra el medio ambiente” al Código Penal, plantea nuevas exigencias para las empresas.

Delimitar correctamente las áreas de influencia es fundamental para prever impactos en el suelo, la flora, la fauna y el ecosistema terrestre en su conjunto. La Guía Áreas de Influencia en Ecosistemas Terrestres del SEA entrega criterios claros para anticipar estos efectos, implementar medidas de mitigación y resguardar el equilibrio de los sistemas naturales.